La insurrección popular de octubre de 2003 que concluyó con la renuncia a la Presidencia de la República de Gonzalo Sánchez de Lozada, en adelante vislumbraría el advenimiento de un vigoroso proceso de cambio estructural en lo político, económico y social que se plasmaría en el Gobierno de la Revolución Democrática y Cultural encabezado por el Presidente Evo Morales Ayma.
El Gobierno diseñó una nueva estrategia de desarrollo económico y social en el Decreto Suprema 29272 del Plan Nacional de Desarrollo denominado “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”, con los siguientes lineamientos:
Bolivia productiva
La Bolivia Productiva –dispone el Plan Nacional de Desarrollo- transformará, integrará y diversificará su matriz productiva en el marco del nuevo patrón de desarrollo; ocupará el conjunto de su territorio y logrará el desarrollo de los complejos productivos integrales. También creará productos materiales e intelectuales con marca boliviana, industrializará sus recursos naturales y aumentará el valor agregado a sus exportaciones con el apoyo del Estado promotor y protagonista del desarrollo. Este Estado, con políticas productivas y un mercado interno fortalecido, generará excedentes, contribuirá a la acumulación interna y distribuirá la riqueza equitativamente.
Bolivia minera y metalúrgica
Se precisó que el Plan contribuirá a la transformación de la matriz productiva para cambiar el patrón primario exportador excluyente, para lo cual es necesario que “el Estado sea protagonista del desarrollo mediante la creación o refundación de empresas estatales que promuevan el desarrollo de estos sectores (como la minería)”.
La propuesta de cambio es que “el Estado, en su nuevo rol, participará directamente en el desarrollo de proyectos geológicos, mineros y metalúrgicos estratégicos, garantizando el desarrollo de la iniciativa privada, con atracción de inversión extranjera, y realizará un mejor uso y destino del excedente económico promoviendo la actividad productiva de las organizaciones sociales y comunitarias, que se encuentran al entorno de las operaciones mineras, contribuyendo a desmontar el colonialismo”.
Para ello, se propuso “políticas y estrategias” resumidas así:
1. Nuevo marco jurídico normativo para el desarrollo integral de la minería.
2. Participación del Estado como protagonista y promotor del desarrollo de la Minería y Metalurgia.
3. Desarrollo y diversificación del potencial minero metalúrgico del país.
4. Fortalecimiento de la minería chica y cooperativizada.
5. Participación de la comunidad
La Refundación de COMIBOL
El proceso político del cambio y las acciones iniciadas por el Gobierno de la Revolución Democrática y Cultural permitieron a la Corporación Minera de Bolivia recuperar su histórico “rol productivo”.
Con el propósito de preservar los recursos naturales no renovables, el Gobierno dictó el decreto supremo 29117, de 1 de mayo de 2007, sobre la reserva fiscal minera:
Artículo 1º El presente decreto supremo tiene por objetivo declarar ‘reserva fiscal minera’ a todo el territorio nacional, comprendiendo los recursos mineralógicos metálicos, no metálicos, evaporíticos, piedras preciosas, semipreciosas y salmueras, siendo el Estado, en ejercicio del derecho propietario de la reserva fiscal, quien otorga a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) la facultad y potestad de su explotación y administración, salvándose los derechos preconstituidos sobre las áreas mineras otorgadas anteriormente en concesión, exceptuando a los áridos y agregados que se encuentran bajo jurisdicción municipal.
Más tarde, promulgó la Ley 3720, de 31 de julio de 2007, disponiendo:
“Artículo 1º La Corporación Minera de Bolivia participará directamente en la cadena productiva con las siguientes funciones:
a) Prospección y exploración;
b) Explotación;
c) Concentración;
d) Fundición y refinación
e) Comercialización de minerales y metales;
f ) Administrar las áreas fiscales”.
La Constitución Política del Estado, en resguardo de los recursos naturales no renovables, la soberanía nacional y el bienestar de la sociedad, estableció en su artículo 369, inciso IV que:
“El Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o de derechos preconstituídos”.
Política estratégica
La COMIBOL desarrolla actualmente varios proyectos mineros exitosos (Huanuni, Corocoro, Eucaliptus, Planta Piloto del Litio, entre otros) sobre la base de la política estratégica minera mineralógica diseñada por el Gobierno de la Revolución Democrática y Cultural.
Las líneas estratégicas son: