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García Linera dice que no hay derecho “preconstituido”

Escrito por La Paz/ANF Sep 08, 2016

El vicepresidente Álvaro García Linera advirtió que las cooperativas mineras que firmaron contratos de arrendamiento con empresas privadas no podrán ampararse en el “derecho preconstituido” para hacer prevalecer concesiones con el Estado.

“Hay ‘derecho preconstituido’ de los cooperativistas que están en el sistema cooperativo; que tienen principios de solidaridad, no afán de lucro, por supuesto. Pero cuando usted agarra lo que le dio el Estado para que sea trabajado en un sistema solidario sin afán de lucro y usted lo entrega a un extranjero para ganar y tener lucro, ya no eres cooperativista. Ahí no pueden ampararse en ningún derecho preconstituido”, aseguró.

Explicó que las figuras de subarrendamiento, alquiler y riesgo compartido no están permitidas.

“Cuando alquila, ya no es cooperativa, es una empresa camuflada con el nombre de cooperativa, ese no tiene ningún ‘derecho preconstituido’. Entonces no hay nada más que debatir”, afirmó García Linera tras el acto de interpelación realizado por el pleno del Legislativo a los ministros de Minería, César Navarro, y de Gobierno, Carlos Romero, por la muerte de cinco cooperativistas y del viceministro Rodolfo Illanes durante el conflicto con ese sector.

Las federaciones de cooperativistas mineros –ahora descabezadas– evaluaron el alcance de los decretos recientemente aprobados por el Gobierno y señalaron que apelarán al “derecho preconstituido” para defender los contratos de riesgo compartido que firmaron con la Comibol y con privados.

Dirigentes de los cooperativistas mineros, que pidieron el anonimato para evitar ser perseguidos judicialmente, esgrimieron varios argumentos jurídico-legales, por lo que consideran no se podrán aplicar los decretos aprobados por el Gobierno.

Uno de los argumentos que exponen para defender esos contratos es que el parágrafo IV de la VIII disposición transitoria de la CPE señala que “el Estado reconoce y respeta los derechos preconstituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social”.

Los juristas se respaldan también en el artículo 130 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, que protege acciones tomadas en áreas anteriormente otorgadas a través del régimen de Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) y los que se ejercen mediante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

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