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Bolivia inició su defensa en la demanda por Mallku Khota

En su alegato oral de apertura, el Procurador General del Estado Plurinacional hizo conocer al Tribunal Arbitral sobre las prácticas neocoloniales de la empresa canadiense SAS.

La Paz, 12 de julio (Urgentebo).- Ayer, al promediar las 09:00 a.m. inició la Audiencia de Méritos y Jurisdicción en el arbitraje relativo al Proyecto Minero Mallku Khota, en el marco de la demanda de arbitraje internacional interpuesta por la empresa canadiense South American Silver o SAS, en contra del Estado boliviano, administrado por la Corte Permanente de Arbitraje.

La Audiencia dio inicio con las presentaciones de las partes en el arbitraje, durante la mañana por parte de los abogados de SAS, de la firma estadounidense King &Spalding, y por la tarde el equipo de defensa legal del Estado boliviano, a la cabeza del Procurador General del Estado, Héctor Arce Zaconeta, y el Ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro Miranda.

En su alegato oral de apertura, el Procurador General del Estado Plurinacional hizo conocer al Tribunal Arbitral sobre las prácticas neocoloniales de la empresa canadiense SAS, el “contorsionismo jurídico” de dicha empresa para transformar un mal negocio minero en un buen arbitraje y la destreza de la minera junior canadiense, SAS, para convertir “mágicamente” los resultados incipientes de un estudio preliminar y embrionario, en un supuesto Mega Yacimiento de clase mundial.

Durante la audiencia, Héctor Arce señaló: “El objetivo de todo proceso, ya sea jurisdiccional o arbitral, no es otro que llegar a descubrir la verdad histórica de los hechos y sobre esta verdad aplicar en derecho lo que corresponda, bajo la luz radiante de la verdad y la justicia”.

A su vez, el Procurador General del Estado resumió en tres criterios el accionar de la empresa demandante.

“Primero, las prácticas neo-coloniales de CMM; segundo, el hábil contorsionismo jurídico de CMMK para transformar un mal negocio minero en un buen arbitraje y; tercero, las destrezas casi alquimistas de CMMK, que intenta convertir mágicamente los resultados incipientes de un estudio preliminar totalmente embrionario, en el descubrimiento más grande de la historia de la minería: un “Mega-Yacimimiento de Clase Mundial”, dijo.

El Procurador General del Estado desarrolló ampliamente cada uno de estos argumentos ante aproximadamente c ien personas que participaron en las audiencias orales que se desarrollan en Washington, Estados Unidos.

Más adelante Héctor Arce explicó que “Bolivia, es hoy una Nación que vive y se desarrolla en una profunda institucionalidad democrática y en un consolidado Estado Constitucional de Derecho. Es una nación con gran estabilidad política, económica y social que si bien ha recuperado para beneficio del pueblo vastos sectores de la actividad productiva, a través de procesos de nacionalización que se dieron por requerimientos económicos, garantiza la inversión privada en todos los rubros, situación ideal que ha generado una armónica convivencia entre los sectores público y privado y ha permitido que hoy por hoy Bolivia sea el primer país en crecimiento económico de Sud América y el segundo de Latinoamérica”.

El Procurador General del Estado también explicó ante el Tribunal Arbitral que Bolivia “no tenía planificada ninguna nacionalización ni ninguna reversión dentro del proyecto minero MallkuKhota. Tampoco planificó, procuró ni alentó ninguna acción en contra de la demandante. Este caso no tiene nada que ver con el `proceso de nacionalización` de los recursos naturales y las empresas estratégicas del Estado, llevado adelante por el Estado boliviano, y en el que se llegó a soluciones amistosas y compensaciones justas y efectivas con todos y cada uno de los inversionistas extranjeros involucrados”.

El Dr. Héctor Arce enfatizó que la parte demandante “provocó una oleada de violencia inaceptable que obligó a Bolivia a actuar única y exclusivamente en defensa de la vida humana”.

La Empresa demandante se opuso al planteamiento del Estado boliviano de hacer pública la audiencia, lo que impide que las mismas sean filmadas o grabadas, impidiéndose, por determinación del Tribunal Arbitral, el acceso a los medios de comunicación.

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