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BOLIVIA EXIGE A CHILE GARANTIZAR LIBRE TRÁNSITO EN SUS PUERTOS

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado boliviano hizo notar que todas las acciones del Gobierno chileno afectan enormemente al comercio exterior boliviano, pues se incrementan tasas y aranceles por el ingreso de mercadería boliviana a puertos, y el uso de los mismos de manera unilateral, cuando el derecho internacional señala que la fijación de estos costes debe realizarse de manera consensuada entre ambos países.

Debido a que Chile privatizó la administración de sus puertos, en su comunicado del 18 de junio pasado y en respuesta al reclamo formal boliviano, afirmó que “un derecho de libre tránsito no es un derecho a la gratuidad en los servicios portuarios, ni tampoco que las tarifas requieran del consentimiento de Bolivia”.

Ante esto Bolivia, a través de la Cancillería señala que Chile no puede responsabilizar a una empresa privada de la suspensión del derecho a libre tránsito, y que a la vez no se puede esperar que el pueblo boliviano sea el que pague por las consecuencias de los conflictos que se dan entre empresarios y obreros en una firma privada que nada tiene que ver con los compromisos que asumió Chile con Bolivia a nivel de Estados.

El comunicado de la Cancillería cita el artículo VI del Tratado de Paz y Amistad de 1904 firmado entre Bolivia y Chile, donde el país vecino reconoce, a perpetuidad y en beneficio de Bolivia, “el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”.

En varios puntos, el Ministerio de Relaciones Exteriores observa el abuso en los incrementos a las tasas de uso de puertos, pues la norma internacional señala que deben acordarse en actos especiales, y en consenso de ambos países, para evitar perjuicios a los intereses fiscales de los países involucrados.

El comunicado boliviano señala que estas obligaciones están reglamentadas a través de acuerdos complementarios como la Convención de Tráfico Comercial de 1912, la Convención sobre Tránsito de 1937, la Declaración de Arica de 1953, el Acta de Cochabamba de 1995 y el acta de Viña de Mar de 1996.

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