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Bolivia avanza de forma seria en la demanda marítima

CAMBIO/ 23/03/2016

 La comitiva boliviana que acudió a los alegatos en la CIJ, en 2015.

El presidente de Chile Sebastián Piñera suspendió en diciembre de 2010 de forma unilateral las conversaciones con Bolivia pese a que meses antes, en julio, su gobierno se había comprometido a encontrar soluciones concretas, factibles y útiles para resolver el enclaustramiento marítimo boliviano.

Se congelaron las reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia-Chile, que había emergido de la Agenda de 13 puntos que el presidente Evo Morales y su similar de Chile, Michelle Bachelet, acordaron en julio de 2006 y en el cual se incluyó (VI) el tema marítimo.

El 17 de febrero de 2011, el presidente Evo Morales indicó que se esperaría hasta el 23 de marzo de ese año para que Chile haga llegar una propuesta concreta, útil y factible de solución al problema marítimo de Bolivia. Chile no respondió.

Por ello, el 23 de marzo, el presidente Morales expresó que “a pesar de 132 años de diálogo y esfuerzos, Bolivia no tiene una salida soberana al Pacífico. Frente a esta realidad es necesario dar un paso histórico... el Derecho Internacional, en estas últimas décadas y particularmente estos últimos años, ha dado grandes avances, ahora existen tribunales y Cortes a los cuales pueden llegar los Estados soberanos a reclamar y demandar lo que en derecho les corresponde… Por todo ello, la lucha por nuestra reivindicación marítima, lucha que ha marcado nuestra historia por 132 años, ahora debe incluir otro elemento fundamental: el de acudir a los tribunales y organismos internacionales demandando en derecho y en justicia una salida libre y soberana al océano Pacífico”.

Con la decisión se creó el Consejo Nacional de Reivindicación Marítima y la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), esta última que se encargó de estructurar las posibles vías de la demanda que fue presentada en abril de 2013 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Fueron varias alternativas que presentó Diremar al presidente Morales, quien, en un inicio, pensó en denunciar el tratado de 1904, aunque luego se inclinó por exigir a Chile que cumpla los compromisos que asumió por más de 100 años para resolver la mediterraneidad boliviana.

La tesis: los actos unilaterales de los Estados, en este caso los compromisos que asumieron embajadores, cancilleres y presidentes de Chile (1920, 1923, 1926, 1950, 1961, 1975 y 1983) para devolver a Bolivia su costa soberana en el océano Pacífico.

Pese a la claridad de la demanda, Chile intentó convencer al principal órgano judicial de las Naciones Unidas y al mundo de que la petición impugnaba el tratado de 1904, y, con ese argumento, objetó la competencia del tribunal.

Sustentó su excepción preliminar en el artículo VI del Pacto de Bogotá, que refiere que “tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos (de la CIJ) a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto (1948)”.

El abogado Antonio Remiro Brotóns, que patrocina a Bolivia en el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, desvirtuó la tesis chilena durante una conferencia que ofreció en La Paz, el 12 de febrero de 2016.

De manera puntual, señaló que “la demanda no tiene que ver con la validez o la nulidad del Tratado de 1904, tiene que ver con la obligación, que entiende Bolivia, asumió Chile de negociar un acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico”.

Es decir, responder a la pregunta de si ¿existe la obligación o no existe una obligación?, pero además, dado el planteamiento de Chile, si ¿existe o no un tratado en vigor y válido que haya resuelto esta controversia?.

Chile llevó en mayo de 2015 toda su artillería a la Corte para tratar de convencer a los magistrados de que la demanda boliviano no debía continuar en su jurisdicción.

Sin embargo, dada la forma planteada, el artículo VI del Pacto de Bogotá estaba fuera de lugar porque Bolivia iba a la Corte sin objetar, en absoluto, ni plantear la validez ni la nulidad del Tratado de 1904.

Todo el esfuerzo chileno fue dirigido a transformar el objeto de la demanda planteada por Bolivia de lado diferente, es decir a la Corte “a ustedes los bolivianos tratan de engañarlos, que subyace atrás de su petición la revisión del Tratado de 1904”.

Pero el equipo boliviano fue lo suficientemente persuasivo para demostrarle a la Corte que no se objetaba el Tratado de 1904 y que “acá los mismos señores que celebraban ese tratado y sus sucesores nos fueron diciendo una y otra vez: ‘queremos negociar con ustedes su salida al Pacífico independientemente del Tratado de 1904’ y eso es lo que le pedimos a la Corte”.

“Por eso fracasó Chile en la Corte y por eso uno podría plantearse a tono pasado si hoy los estrategas chilenos en el procedimiento acertaron o se equivocaron al plantear esa excepción preliminar”, refirió el jurista español.

El 24 de septiembre de 2015, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desechó que el objeto de la demanda boliviana fuera la de modificar el tratado de 1904, con el voto de 14 de los 16 magistrados.

“Por lo tanto, la objeción chilena fracasó por unanimidad, éxito procesal innegable de Bolivia, éxito también político, porque, evidentemente, aunque Chile trató de, es lógico, reducir el impacto de esta sentencia, dijo: ‘realmente estamos donde estábamos, sin la excepción preliminar tendríamos ahora que plantear la contramemoria y vendrían las fases sucesivas por definir’, pero todo el mundo sabe que políticamente no estábamos en ese momento donde estábamos antes, basta ver la percepción de la opinión boliviana”, expresó Brotóns.

Desde la perspectiva del jurista con la determinación del tribunal, Chile entregó a Bolivia la iniciativa política, le permitió plantear en un primer escenario el caso.

Por otra parte, aunque se ha tratado de sostener que la sentencia del año pasado ha limitado y cortado el objeto de la demanda boliviana, Brotóns señaló que “el objeto de la demanda sigue entera, vivito y coleando, tal como se estableció en la demanda, tal como se expresó en la memoria y tal como se expresó en la fase de la excepción de competencia, ahora en ese sentido ingresamos al fondo del caso”.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, indicó que la sentencia del tribunal internacional marcará la forma de ver la demanda marítima boliviana.

Dijo que “será la primera vez que vamos a celebrar un 23 de marzo con la certeza de que se ha avanzado en serio”. “Es la primera vez en nuestra historia, desde nuestro enclaustramiento, que tenemos una alternativa, un camino abierto, en la lucha por volver al océano Pacífico, eso ha significado el fallo del 24 de septiembre del año pasado. Podemos ver con optimismo todo lo que se ha hecho y las proyecciones que esto significa”, afirmó el Ministro.

La derrota de Chile en la Corte lo pagó el agente Felipe Bulnes, quien dimitió a su cargo alegando que faltó respaldo de la sociedad chilena a su labor.

Bulnes renunció el 11 de noviembre y el día 23 asumió el cargo el exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, quien comandará la tarea de elaborar y presentar la contramemoria hasta el 25 de julio de 2016.

El proceso tomará tiempo, pero el 2015 será recordado como el año en que Chile se sentó en el banquillo de los acusados de un tribunal internacional para explicar al mundo por qué privó a los bolivianos de un acceso soberano al mar.

 

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