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Procuraduría defenderá la postura de que Glencore adquirió Vinto y Colquiri de forma irregular en 2005 y 2006

El Alto, 7 dic (ABI).-

La Procuraduría General del Estado, informó el jueves que se encuentra finalizando su Memorial de Contestación a la demanda y objeciones a la jurisdicción del tribunal arbitral que presentará el próximo 18 de diciembre en el marco del arbitraje internacional iniciado por la empresa Glencore Plc. ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya por tres activos: las plantas de fundición de estaño (febrero, 2007) y antimonio (mayo, 2010) en Vinto y el Centro Minero de Colquiri (junio, 2012).

Según un boletín institucional, la Procuraduría recordó que esos tres activos fueron enajenados ilícitamente a fines de los noventa, por el Gobierno del exdictador Hugo Banzer Suárez y traspasados a compañías mineras de propiedad del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (COMSUR). Glencore, que cuenta con un largo trayecto en Bolivia, ya sea a través de subsidiarias en Bolivia o compras de mineral a la extinta Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), de manera irregular adquirió tales activos entre los años 2005 y 2006.

El Estado, a la cabeza de la Procuraduría General del Estado, ha comprobado que cuando Glencore adquirió estos activos de manos de Sánchez de Lozada, este ya se había fugado de Bolivia dejando tras de sí una estela de muertos y heridos; el entonces Congreso Nacional ya había autorizado un juicio de responsabilidades en su contra; y, tras la Guerra del Gas, era inminente la recuperación de estas empresas estratégicas del Estado que fueron, además, ilícitamente adquiridas.

"Mediante nuestra defensa, podremos demostrar al tribunal arbitral el abuso del derecho por parte de Glencore, empresa que pretende extender indebidamente la protección que los tratados bilaterales ofrecen a inversionistas extranjeros a activos ilícitamente adquiridos por un nacional boliviano, así como la falta de argumentos de la demanda planteada por la suiza Glencore", dijo el Procurador Pablo Menacho, citado en una nota de prensa.

La demanda de Glencore del 15 de agosto de este año por la que reclama una compensación de US$675 millones, se basa en informes periciales arbitrariamente inflados y de carácter especulativo. Asimismo, del exorbitante monto reclamado, US$227 millones (más del 33%) están referidos exclusivamente a intereses calculados de forma errónea e incluye la fundición de antimonio de Vinto como chatarra, esto último, una pequeña muestra de la magnitud del grave perjuicio causado a Bolivia por el proceso de privatización/capitalización del periodo neoliberal.

"En ese sentido, el Estado boliviano, a la cabeza de la Procuraduría General del Estado, viene trabajando una sólida defensa con profesionales del más alto nivel en el ámbito del arbitraje internacional, con un equipo nacional de abogados y técnicos, así como la firma internacional de abogados Dechert LLP, y reconocidos peritos mineros y económicos de talla internacional", detalló.

En fecha 19 de julio de 2016, Glencore inició el procedimiento mediante una solicitud de arbitraje. El 18 de agosto de 2016, en el debido plazo, la Procuraduría presentó su respuesta a la referida solicitud de arbitraje. El tribunal arbitral está compuesto por el Prof. Ricardo Ramírez Hernández (Presidente), Prof. John Y. Gotanda y Prof. Philippe Sands.

Bolivia es el país que más nacionalizaciones ha realizado y el que menos conflictos arbitrales enfrenta con empresas extranjeras, logrando cerrar casos en base a acuerdos de soluciones de controversias en el marco legal vigente y en estricto apego de sus obligaciones nacionales e internacionales, complementa la nota de prensa.

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