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Se aprobó 78 contratos mineros que generarán recursos económicos para cinco departamentos

 (Prensa Diputados, 30/11/2017)

La Cámara de Diputados aprobó este jueves 78 contratos administrativos de explotación minera, que se ejecutarán en los departamentos de Oruro, Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, generando ingresos económicos y empleos para los habitantes de estas regiones del país.

Los cinco proyectos de ley aprobados que ratifican contratos suscritos entre las direcciones regionales de la Autoridad Administrativa Minera (AJAM) de los cinco departamentos mencionados y empresas mineras, están distribuidos de la siguiente manera: 17 contratos en Oruro; diez en Tarija; 17 en Santa Cruz; 16 en Chuquisaca; y 18 en Cochabamba. En la sesión del miércoles 29, la Cámara de Diputados aprobó 39 contratos mineros en La Paz.

Este primer lote de contratos que cumplió con todos los requisitos exigidos por ley, generará empleos, garantizan el uso eficiente de los recursos minerales y se constituyen en fuente de ingresos fiscales y regalías para cada uno de los cinco departamentos del país.

Los contratos son acuerdos legales por el que el Estado, en representación de los bolivianos y mediante la AJAM, otorga a una empresa pública, privada o cooperativa, la facultad de realizar actividades de exploración, explotación, concentración, fundición, comercialización y/o industrialización de minerales, con una vigencia por 30 años.

El presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, diputado Ignacio Soruco, aseguró que hubo una revisión exhaustiva de los aspectos técnicos, legales y económicos, que son parte constitutiva de cada uno de los contratos administrativos mineros.

Uno de los requisitos fundamentales que cumplió cada uno de los 78 contratos es contar con la aprobación del Acuerdo de Consulta Previa que se debía realizar a poblaciones campesinas, indígenas y originarias donde se desplazarán las actividades mineras.

Los cinco proyectos de ley que aprueban los 78 contratos administrativos mineros se sujetan a la Constitución Política del Estado, que en su Artículo 158 otorga a la Asamblea Legislativa Plurinacional la atribución de “aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo”, concordante con el Artículo 132 de Ley 585 de Minería y Metalurgia.

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