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FUNDAMENTOS IDEOLÓGICO-POLÍTICOS DE LA REFUNDACIÓN DE LA COMIBOL COMO EMPRESA CORPORATIVA

BOCAMINA COMIBOL

La Nacionalización de las Minas, aspiración suprema de varias genera- ciones de bolivianos, fue conquistada por la lucha del pueblo cuya vanguardia colectiva fueron las masas de mineros, quienes durante toda la historia, sobre- pusieron el interés superior de la patria saqueada, por encima de intereses sectoriales y de grupo, con el único objetivo de enterrar la miseria.

Los grupos de poder económico y político que dominaron Bolivia, se encaramaron en el poder desde 1952, nunca estuvieron conformes con el dominio de los bolivianos sobre su riqueza minera y menos con una empresa estatal pujante, Para detener las aspiraciones del pueblo boliviano, engendraron una política minero-metalúrgica de estrangulamiento y de desjerarquización de la minería estatal, convirtiéndola en simple herramienta de intervención del Estado antinacional, con el objetivo enlazar sus intereses empresariales con el capital transnacional. Esa política se constituyó en parte fundamental de la política económica ajena al interés de los bolivianos y a la que se la conoce como neoliberalismo.

Con el argumento de crear nuevas empresas del Estado se despojó a la entidad estatal minera, de la actividad geológica, única posibilidad de reposición de los yacimientos mineros. De igual manera separaron del circuito minero metalúrgico la fase de fundición. Esta realidad impidió que el valor agregado del producto metálico beneficie al productor de minerales, arrinconándolo tan solo en actividades extractivas, situación que le arrastró al destino inevitable del agotamiento y la muerte. Esa medida fue tomada también para despojarle de su palanca financiera, sin la cual las minas nacionalizadas se debilitaron hasta quedar ahogadas en una crisis financiera que no pudieron superarla.

A pesar de las arteras componendas de los llamados nacionalistas con el imperialismo, las minas nacionalizadas se convirtieron en el principal sector estratégico de la economía boliviana del que vivió el país por décadas. De ellas dependía la generación de divisas extranjeras, esenciales para el emprendimiento de obras de envergadura nacional como la construcción de la carretera asfaltada Cochabamba- Santa Cruz, como parte del llamado Plan Decenal de Desarrollo Económico, proceso documentado en los libros de balance de la COMIBOL. La empresa estatal petrolífera, que emergió de la Guerra del Chaco, fue fortalecida con precios preferenciales fijados por encima de los precios de venta por la compra de hidrocarburos, dotándola del vigor que requería.

Como parte de las medidas contrarias a la nacionalización de las minas, se crearon verdaderos cordones umbilicales para alimentar a la llamada minería mediana, entroncada con empresas transnacionales, con una diferencia en contra de la COMIBOL de hasta un 35 % en los contratos de fundición, causando daño económico irreparable al Estado boliviano, imposibilitando el desarrollo de otros sectores como el agropecuario e industrial.

El Decreto Supremo No. 21060 de 29 de agosto de 1985 y la Ley 1777 del 7 de marzo de 1997, fueron engendrados por los mismos usurpadores de la conquista del pueblo boliviano, esas medidas neoliberales fueron la culminación de la obra de destrucción de la minería nacionalizada. Provocaron el cierre de las minas, la entrega de yacimientos al capital transnacional, la devolución por COMIBOL de las concesiones otorgadas después de Octubre de 1952, como los ricos yacimientos auríferos del proyecto Guayaramerín (con el anodino argumento de que no se podía pagar la patente minera), la supresión de funciones de producción, la imposición de una estructura holding sólo para realizar cobro de alquileres y Contratos de Riesgo Compartido, la liquidación de pasivos y activos, la creación de unidades administrativas de repliegue y transferencia de activos de la COMIBOL a la empresa privada y las cooperativas, la entrega de las minas y yacimientos mineros a emprendimientos privados y transnacionales poniendo a su disposición estudios de importantes trabajos de prospección, exploración y evaluación de yacimientos mineros y el despido de decenas de miles de trabajadores, se convirtieron en las devastadoras medidas antinacionales y pro imperialistas que desangraron a Bolivia.

Las medidas neoliberales favorecieron a los mineros medianos y a las empresas transnacionales, ocasionando la libre exportación de los excedentes al exterior, a cambio de impuestos que ellos mismos establecieron en ínfimos montos. La fuga de capitales que determinó el empobrecimiento progresivo del país y anuló las posibilidades de creación y desarrollo de un mercado interno, con funestas consecuencias sobre la agricultura, la industria, el comercio y el transporte.

En contraste con el desmedido e irracional enriquecimiento de los nuevos dueños de Bolivia, la pobreza asoló al país, generando otros males económicos endémicos como el cierre de la industria fabril, el déficit presupuestario, la importación de automotores en desuso, generando la informalización de la economía y la destrucción del medio ambiente. A ello se sumó la agravante de que la minería en manos de sus nuevos dueños bajó su contribución al Estado a niveles de limosna.

La imposición del neoliberalismo en la minería significó la Implantación de eficaces sistemas de corrupción, como una de las formas de mantener lealtad de quienes operaban en contra de Bolivia. El soborno, el halago, la apropiación de los bienes de la COMIBOL por dirigentes y militantes de partidos políticos neoliberales que protagonizaron masacres como la de Navidad, encarcelamiento de dirigentes y militantes anti neoliberales, y persecuciones a quienes se atrevieron a defender la patria pisoteada, se convirtieron en prácticas cotidianas.

Los recursos minerales son de valor estratégico para el desarrollo nacional, sin los cuales es imposible que Bolivia se erija como Estado Plurinacional libre, soberano y que se constituya en el cimiento del vivir bien.

Pese a los esfuerzos que hizo el Estado Plurinacional con Leyes y Decretos que restituyeron funciones productivas a la Corporación Minera de Bolivia, existen pocos resultados positivos, al extremo que el Estado tiene control de sólo el 7% de la actividad minero metalúrgica y el restante 93% aún es controlado por el sector privado, del cual un 80% corresponde a empresas transnacionales o empresas privadas nativas ligadas a ellas.

A pesar de los esfuerzos realizados para que la Corporación Minera de Bolivia, desde la visión administrativa, establezca una política minero metalúrgica institucional y adopte una estructura adecuada, coherente y en concordancia con la política económica del Estado Plurinacional, los resultados palpables muestran que la empresa estatal no ha logrado los objetivos planificados.

Los esfuerzos de los primeros años por reconstruir la COMIBOL fueron anulados por el anquilosado funcionamiento organizacional, anclado en atribuciones y funciones determinadas por la normativa neoliberal ya abrogada, provocó la paralización de proyectos, inviabilizó nuevos emprendimientos minero metalúrgicos y operaciones productivas. Su estancamiento se debió también a la inmovilización de recursos presupuestarios que no se ejecutaron por los engorrosos procesos y procedimientos burocráticos, que se arrastran desde las imposiciones neoliberales en la Corporación Minera de Bolivia.

La COMIBOL, mantiene una estructura de empresa Holding encargada de administrar recursos provenientes de los contratos de arrendamiento y contratos de riesgo compartido establecidos por la Ley No. 1777 Código de Minería, ya abrogada. Su Directorio mantiene y efectúa las mismas labores que fueron impuestas por el neoliberalismo, sus gerencias y unidades operativas realizan sus actividades en esa misma dirección, lo que ha impedido que la entidad estatal minera supere su condición de simple exportadora de algunas materias primas, sin que haya hecho esfuerzo alguno para vincular la producción de minerales con la industria nacional o con otros proyectos u operaciones de industrialización de los recursos naturales. Tampoco ha logrado al presente migrar los contratos de riesgo compartido y arrendamiento, a Contratos de Asociación, tal cual lo establece la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia de 28 de mayo de 2014.

La actual Corporación Minera de Bolivia no ha respondido a las expectativas del pueblo boliviano ni ha tomado en cuenta los cambios que se introducen en el país más, por el contrario, mantiene políticas institucionales, estrategias y objetivos que no condicen con la política económica del Supremo Gobierno, constituyéndose en un sistema empresarial que se desploma, debido a que se han agotado las posibilidades de reestructuración que se le confió a la propia institución estatal minera.

La COMIBOL no hizo esfuerzo alguno por suprimir unidades propias de la privatización como la Unidad de Transferencia de Activos en beneficio de la actividad privada y las cooperativas, y la Unidad de Repliegue, con una tendencia sistemática a mantenerlas y fortalecerlas, anulando los esfuerzos positivos que había realizado el Supremo Gobierno en los primeros años del proceso de cambio y mantiene unidades administrativas con herramientas impuestas por el neoliberalismo como la contabilidad comercial, .

La COMIBOL como entidad estatal no aplica en toda su extensión las leyes y decretos supremos promulgados por el actual Supremo Gobierno, que devuelven a Bolivia los recursos naturales y el derecho a explotarlos y transformarlos. Contrariamente persiste de facto en continuar actuando en contra de las disposiciones legales y realizando la planificación del proceso productivo con manejo deficiente de factores de rentabilidad minera, de desarrollo de reservas, de recuperación metalúrgica, de producción, de productividad y de costo puesto mercado.

Mantener la actual COMIBOL Holding, descontextualizada de la Constitución Política del Estado y las leyes 466 de empresas del Estado y 535 de Minería y Metalurgia es absolutamente ilegal, y pone en riesgo todo intento de reactivar la minería estatal y lo que dicta la ley de articular las actividades minero metalúrgicas con la industrialización, para la consolidación de la soberanía sobre los recursos naturales mineralógicos que son de propiedad del pueblo boliviano.

La renacionalización del núcleo principal del sector minero no fue acompañada por la investigación del proceso de privatización, ni incorporó auditorias técnicas, financieras, legales y administrativas a minas como Bolívar, Porco, Colquiri y otros yacimientos y empresas como la Planta de Fundición de Vinto, que fueron objeto de suscripción de contratos de arrendamiento y de riesgo compartido con la entrega de concesiones del Estado a terceros, violando todas las normas legales que rigen en materia minera. Todas esas auditorias y acciones son necesarias para establecer el nivel de daño ocasionado al país.

El pueblo boliviano ha luchado denodadamente en contra de las imposiciones coloniales con el heroísmo y la inquebrantable convicción de defender los sagrados intereses de la patria. En ese propósito miles de bolivianos regaron con su sangre y sacrificio el bendito suelo de la patria motivo por el cual su memoria debe ser eternamente honrada, a la par de devolvérsele al país aquellos recursos naturales por los cuales ofrendaron su vida.

El Supremo Gobierno de la revolución cultural y democrática, frente al pueblo boliviano y a los trabajadores, tiene el deber de enterrar la vieja estructura de COMIBOL que se organizó para el saqueo e imponer el colonialismo, devolviéndole a Bolivia su genuina e histórica empresa estatal minera metalúrgica, de acuerdo con lo establecido en la Ley 466 de 27 de diciembre de 2013, Ley de la Empresa Pública y la Ley 535 de 28 de mayo de 2104, Ley de Minería y Metalurgia.

El Artículo 175 de la Constitución Política del Estado señala que las Ministras y Ios Ministros tienen, entre sus atribuciones, la de proponer y coadyuvar en la formulación de políticas generales del Gobierno, asimismo, proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector.

El numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado señala que una de las competencias privativas del nivel central del Estado es la creación, control y administración de las empresas públicas estratégicas del nivel central del Estado.

El Parágrafo I del Artículo 349 de la Constitución Política del Estado establece que todos los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.

La Ley N° 466 de 27 de diciembre de 2013, Ley de la Empresa Pública, tiene por objeto establecer el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado, que comprende a las empresas estatales, empresas estatales mixtas, empresas mixtas y empresas estatales intergubernamentales, para que con eficiencia, eficacia y transparencia contribuyan al desarrollo económico y social del país, transformando la matriz productiva y fortaleciendo la independencia y soberanía económica del Estado plurinacional de Bolivia, en beneficio de todo el pueblo Boliviano.

El inciso c) del parágrafo I de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 466, Ley de la Empresa Pública, incluye a la Corporación Minera de Bolivia determinando que ella adopte la tipología de empresa estatal.

En el marco de la Ley No. 466, el Parágrafo I del Artículo 61 de la Ley No. 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia, señala que la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, en calidad de empresa pública estratégica corporativa de carácter público, ejercerá en nombre del Estado y el pueblo boliviano, el derecho de realizar las actividades de prospección, exploración, explotación, concentración, función, refinación, comercialización de industrialización de minerales, metales, piedras preciosas y semipreciosas existentes en las áreas mineras bajo su administración y las de sus empresas filiales y subsidiarias.

Consecuentemente la estructura organizacional de la vigente Corporación Minera de Bolivia, contrasta con los nuevos roles y responsabilidades en materia minero metalúrgica, la industrialización y comercialización, siendo por ello imperioso e imprescindible proceder a su cierre para crear en su reemplazo una nueva empresa pública nacional estratégica, que inicie y desarrolle con éxito sus tareas acorde a las profundas transformaciones que necesariamente deben hacerse realidad asumiendo la nueva visión de Estado.

En estricto acatamiento de lo establecido en los artículos 370 parágrafo VI y artículo 372 parágrafo II de la Constitución Política del Estado y en cumplimiento a lo que disponen la Ley N° 466 de 27 de diciembre de 2013 y la Ley No. 535, Ley de Minería y Metalurgia.

***

El neoliberalismo nos ha dejado una empresa holding que tiene el nombre de COMIBOL, especializada para las transacciones comerciales simplemente; no para la producción y menos para la industrialización. Este holding está enquistado en medio del Estado Plurinacional de Bolivia, como un tumor que debemos extirparlo. En lenguaje sencillo, refundar La COMIBOL como empresa corporativa, significa la ruptura con el neoliberalismo y su herencia que aún está viva en la minería estatal, pero no para retornar al pasado exportador de materia prima, sino para proyectar nuestro presente hacia la industrialización, y proyectar esta empresa para que se convierta en uno de los pilares económicos del socialismo; aspiración suprema de los trabajadores mineros. El socialismo de nuestros tiempos es el comunitario.

 

NOTICIA RELEVANTE

Presidente de COMIBOL propone refundar la empresa minera

 

(Abya Yala Digital).- José Pimentel, nuevo presidente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), en entrevista con el programa Ultimo Round, de Abya Yala Televisión, sostiene que uno de los desafíos más importantes de esta gestión será la puesta en vigencia de la Ley de la Minería, la industrialización y buscar la rentabilidad, principalmente.

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