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Procuraduría requerirá información a Sánchez de Lozada sobre venta de Vinto y Colquiri a Glencore

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, en una rueda de prensa. (archivo) Foto: Felipa Peña

La Razón Digital / 06/02/2018

“Es una información que evidentemente nos va a servir para la defensa de Bolivia en el Arbitraje”, aseguró el procurador Pablo Menacho, con relación al arbitraje entre el Estado boliviano y la suiza Glencore.

Vía Acción Directa, la Procuraduría General del Estado (PGE) requerirá al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada información sobre la transferencia de las fundiciones de Vinto y la Mina de Colquiri a la Compañía Minera del Sur (Comsur) y posteriormente a la transnacional Glencore, en el marco del arbitraje que el Estado boliviano sostiene con la compañía suiza por la nacionalización de la fundidora y otros activos.

“No es parte del arbitraje y el Tribunal Arbitral no tiene la competencia para convocar a terceros, pero de todas maneras el Estado boliviano sí está llevando adelante ciertas acciones para obtener una declaración por parte de Gonzalo Sánchez de Lozada que la vamos a hacer pública en los próximos días, y de cierta información que está en su poder o de ciertos abogados que lo asesoraban en su Gobierno”, afirmó el procurador Pablo Menacho, durante una entrevista en el programa Todo A Pulmón de Cadena A.

La autoridad explicó que se trata de una estrategia para estudiar la transferencia de los activos a favor de Glencore. “Es una información que evidentemente nos va a servir para la defensa de Bolivia en el Arbitraje”, puntualizó.

El 19 de enero, el Tribunal de Arbitraje decidió suspender el debate sobre la cuantificación del supuesto daño económico de al menos $us 675,7 millones que reclama la firma Glencore a Bolivia por la reversión a manos del Estado de las empresas que administraba: el complejo metalúrgico Vinto, la planta de antimonio y estaño, y la mina Colquiri.

Menacho sostuvo que el Estado boliviano mantiene una defensa férrea e idónea y que el Tribunal entendió que existen “ciertos argumentos” que presentó Bolivia que podrían derivar en la declaración de incompetencia por parte del Tribunal.

Las fundiciones de Vinto, con una capacidad de producción anual de 30.000 toneladas de estaño metálico y 5.000 toneladas de antimonio metálico, fueron privatizadas en 1996 por el gobierno de Sánchez de Lozada.

El complejo pasó entonces a manos de la compañía inglesa Allied Deals, oficialmente por $us 14 millones, y fue transferido tres años después a Comsur, empresa de Sánchez de Lozada. En 2004 y tras haber sido obligado a renunciar a la presidencia por una revuelta popular, el exmandatario vendió Comsur a Glencore.

Entre 2007 y 2009 el Estado nacionalizó las fundiciones de antimonio y estaño, y en 2012 recuperó la Mina de Colquiri. Glencore demandó a Bolivia en julio de 2016 ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya.

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Fuente: London Metal Exchange - MB / MMM

 

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